Por/ Paulino José Domínguez
Las declaraciones de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, tocan una fibra muy sensible y reflejan una realidad dolorosa. El reconocimiento de estas fallas por parte de las altas autoridades es un paso inicial necesario, pero sobre todo pone en evidencia la urgencia de reestructurar por completo los mecanismos de protección a las víctimas en el país.
El problema de la respuesta preventiva suele estancarse en varios puntos críticos. Por un lado, la burocracia en el proceso de denuncia a menudo resulta lenta y revictimizante; cuando las órdenes de arresto o de alejamiento tardan días en tramitarse, se deja a la mujer en una situación de vulnerabilidad extrema frente a su agresor. Además, una orden de alejamiento se convierte en un simple papel si no cuenta con un seguimiento policial real, patrullajes constantes o el uso efectivo de tecnologías de monitoreo que garanticen que el atacante no violará el perímetro.
A esto se suma la alarmante escasez de casas de acogida, lo que obliga a muchas mujeres a regresar al entorno de peligro por no tener un refugio seguro para ellas y sus hijos. Asimismo, es vital que los agentes que reciben el primer contacto estén capacitados para medir el nivel de riesgo real, ya que minimizar una amenaza verbal o un historial de violencia suele ser el preludio de una tragedia.
Admitir que muchas vidas pudieron salvarse conlleva un peso institucional enorme. El verdadero desafío para el Ministerio de Interior y Policía, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y la Procuraduría, es transformar esa autocrítica en reformas concretas e inmediatas, unificando las bases de datos de denuncias y garantizando que el Estado actúe con la rapidez necesaria para proteger la vida de las mujeres dominicanas.
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