Por : Johanny Paulino
San Francisco de Macorís.–El acceso a la información policial en el Comando Regional Noreste atraviesa uno de sus momentos más críticos, generando preocupación entre periodistas y ciudadanos que, día tras día, encuentran puertas limitadas y respuestas inexistentes.
Lo que durante años fue una fuente constante para dar seguimiento a hechos delictivos, operativos y acciones preventivas, hoy parece haberse convertido en un espacio de silencio absoluto. Reporteros locales aseguran que ya no reciben datos básicos sobre casos, detenidos o intervenciones, lo que limita significativamente el ejercicio del periodismo.
La situación se agrava ante la ausencia de un vocero oficial que canalice la información. Sin una figura autorizada para ofrecer declaraciones, la comunicación institucional se torna prácticamente nula, obligando a los medios a recurrir a versiones extraoficiales o, en muchos casos, a no publicar informaciones por falta de confirmación.
Este aparente cambio en la política comunicacional coincide con nuevas directrices dentro de la Policía Nacional, que, según se percibe en el terreno, apuntan a centralizar y restringir la difusión de información desde las dependencias regionales.
Aunque en algunos contextos el manejo reservado de datos puede responder a la necesidad de no entorpecer investigaciones, la aplicación generalizada de esta práctica genera más interrogantes que respuestas. La falta de información no elimina los hechos; por el contrario, abre espacio a la especulación y debilita la confianza en las instituciones.
Para los medios de comunicación, esta realidad representa un obstáculo directo a su labor de informar con veracidad y responsabilidad. La cobertura de la fuente policial, esencial para mantener a la ciudadanía al tanto de la situación de seguridad, queda prácticamente anulada.
Mientras tanto, la ciudadanía también resulta afectada. Sin información oficial, se reduce la capacidad de comprender el panorama real de la seguridad en la región, así como de evaluar el desempeño de los organismos encargados de garantizar el orden.
En una sociedad democrática, el acceso a la información no debe ser visto como una concesión, sino como un derecho. El silencio institucional, lejos de fortalecer la imagen de las autoridades, tiende a erosionar la credibilidad y a debilitar el vínculo con la población.
Hoy, más que nunca, se hace necesario que la Policía Nacional reconsidere su estrategia comunicacional en el Comando Noreste y restablezca canales claros, oportunos y responsables de información hacia la prensa y la ciudadanía.
Porque cuando la información desaparece, las preguntas no lo hacen.
