La Policía Nacional de España desarticuló una organización dedicada presuntamente a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y liberó a 27 mujeres, entre ellas menores de edad, que eran prostituidas en cuatro burdeles en el sur de Tenerife, la más grande de las Islas Canarias, en el océano Atlántico.
Hay catorce personas detenidas, incluyendo a los líderes del presunto entramado criminal, que realizaban viajes periódicos a diversos países de Sudamérica para captar mediante engaños a mujeres jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad procedentes de entornos empobrecidos.
Así lo detalló este jueves la Policía Nacional española en un comunicado, en el que aclaró que la investigación policial comenzó en julio de 2024 a partir de la recepción de un correo electrónico en el Servicio de Atención a la Víctima de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional.
Esta comunicación alertaba de la presencia de una pareja en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife que, presuntamente, regentaba cuatro prostíbulos y que dispondría de diversas mujeres bajo su control.
La Policía Nacional recuerda que cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica
Falsas promesas de empleo
La Policía española explicó que las víctimas eran captadas en países de Sudamérica mediante engaños, falsas promesas de empleo y expectativas de una vida mejor, con el único objetivo de explotarlas sexualmente a su llegada a España.
Así, las mujeres aceptaban ir a España a trabajar como bailarinas de ‘striptease’, pero al incorporarse a los clubes comprobaban que la realidad era muy distinta, puesto que en estos locales eran forzadas a ejercer la prostitución durante largas jornadas y obligadas a consumir sustancias estupefacientes.
Además de adquirir una deuda con la organización que podía alcanzar los 3.000 euros y que debían saldar obligándolas a prostitularse, las víctimas eran alojadas en inmuebles con otras mujeres y vivían en condiciones muy precarias y sometidas a estrictas normas de control.
Durante el desarrollo de la investigación los agentes pudieron constatar la explotación sexual de menores de edad dentro de los establecimientos controlados por la red, y localizaron en el interior de uno de los clubes a una adolescente de 16 años que portaba un documento falsificado.
Los investigadores también pudieron corroborar que la organización defraudó más de 70.000 euros a hombres que iban a los prostíbulos mediante estafas a sus tarjetas de crédito.
