Contratos con proveedores no incluidos en el Plan de Servicios de Salud incrementaron el gasto en Senasa.
Santo Domingo –.– El Ministerio Público acusa la existencia de un esquema fraudulento de contratación mediante el cual se habrían realizado pagos mensuales fijos por servicios de salud que no fueron ofrecidos, en el marco del caso que involucra al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Según las pruebas presentadas, las empresas KHERSUM, S.R.L. y DELESTE, S.R.L. habrían establecido contratos que contemplaban pagos mensuales fijos aun cuando no se prestaban los servicios de salud contratados.
A este esquema se suman los contratos suscritos con Nutrimed y Flavorheart Food Parts para el suministro de proteínas que no estaban incluidas en el Plan de Servicios de Salud (PDSS).
De acuerdo con la acusación, estos contratos facilitaron la asignación prospectiva de servicios a centros como la Clínica Cruz Jiminián, la Unidad de Terapia Física Figueroa y el Centro Médico Daysi Cemeda, entre otros.
Asimismo, se señala la inclusión de centros médicos privados a la red pública, como Siglo XXI y el Centro Médico UCE, con tarifas correspondientes a centros privados.
El Ministerio Público sostiene que este conjunto de contratos, entre los que también figura el de FARMACARD, S.R.L., provocó un disparo del gasto en salud de Senasa en un período aproximado de uno a dos años.
En ese contexto, fue suspendida la rueda de prensa prevista para el 29 de diciembre de 2025, a las 9:30 de la mañana, en la Clínica Doctor Cruz Jiminián. La información fue ofrecida por el equipo legal del doctor Cruz Jiminián, integrado por los licenciados Gabriel Brugal Villanueva, Emery Colomby Rodríguez y Cristian Mendoza Hernández.
Medidas judiciales y sanciones aplicadas
El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional Rigoberto Sena, ordenó prisión preventiva por 18 meses en Najayo Hombres contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Senasa.
El juez también impuso 18 meses de prisión preventiva a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz y Germán Rafael Robles Quiñones, como parte de las medidas de coerción dictadas dentro del proceso judicial.
Asimismo, la misma medida de prisión preventiva por 18 meses fue ordenada contra Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, quienes deberán cumplirla conforme a lo establecido por el tribunal, mientras avanza la investigación del caso declarado de tramitación compleja. En cuanto a otras medidas, Heidi Mariela Pineda, y Cinty Acosta, deberán pagar un millón de pesos por cada compañía aseguradora, además de cumplir prisión domiciliaria e impedimento de salida del país. Medida similar fue impuesta a Eduardo Read Estrella, a quien también se le incautaron varios inmuebles, junto al impedimento de salida.
El juez fijó la revisión obligatoria para el 11 de marzo.
Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
